Nueva ley de cine

¿Sólo son películas?

Precisamente el pasado Día de los Santos Inocentes la actual Ministra de Cultura, Carmen Calvo, daba a conocer el borrador del Anteproyecto de una nueva Ley del Cine, destapando con ello una caja de truenos a priori imposible de cerrar, a causa de los intereses contrapuestos que protege con celo cada afectado dentro del sector audiovisual, es decir, productoras, exhibidoras y televisiones. De hecho, no hace mucho la misma vicepresidenta ha tenido que comparecer y anunciar un retraso de esta Ley, alegando que requiere aún más diálogo y consenso.

Por un lado, las exhibidoras –reunidas bajo la Federación de Cines de España (FECE)- se niegan a cumplir la cuota de pantalla inicial propuesta por el Gobierno para películas europeas (fijada en el 25%), a fin de protegernos del poder de la industria audiovisual norteamericana. Las salas se escudan en el libre mercado ante lo que intuyen que podría afectarles negativamente en el número total de espectadores, sensiblemente ya diezmado por el fenómeno de las descargas en la red y el reflote del mercado del DVD (auspiciados por la evidente calidad de los nuevos sistemas audiovisuales del llamado cine en casa). Los espectadores son cada vez menos y sus costumbres van decantándose por disfrutar del cine en otros formatos más cómodos y caseros (eso sin contar el éxito de los vídeos pinchados vía web).

En la otra cara de la moneda resulta igualmente claro la presencia aplastante del cine made in USA en nuestras salas, desplazando con ello el mercado productivo español y configurando los gustos estéticos hacia los modelos que el gigante audiovisual impone sin pudor. Los productores europeos, terriblemente afectados por esta debacle, presionan al Gobierno para potenciar la presencia de las películas españolas en las salas y así competir (aunque débilmente) con un mínimo de dignidad.

Lo de las televisiones –bajo el auspicio de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)- es menos significativo pero también calienta los ánimos del sector. El Anteproyecto requiere que toda cadena tenga que invertir un 6% de sus beneficios brutos anuales en producciones cinematográficas, cifra que antes estaba en un 5%. Todo parece indicar que las televisiones mantendrán ese 5%, defendiendo lo que ellos llaman “principio de diversidad cultural”. En fin, no es para echarse a llorar ese porcentaje. O sí, viendo cómo está el panorama de la caja tonta. De hecho, el mundo televisivo –en su día rey promocional del cine- hoy debe buscar nuevas vías de atracción para los espectadores, la mayoría de las veces más cercano al reality tremebundo que a la proyección de películas de éxito asegurado (y ni hablemos de proyectar cine de autor que a todo el mundo guste y nadie esté dispuesto a ver). De los anuncios publicitarios mejor callarse, que si no nos deprimimos.

Es curioso que esta Ley haya desatado tanta hipocresía moralizante entre los argumentos argüidos por cada parte afectada, recurriendo a supuestos valores culturales y artísticos para llegar al final al único puerto en el que pretendían recalar: el aumento de beneficios. Y más aún peligrosos resultan los que pretendiendo defender la naturaleza exclusivamente mercantilista e industrial del cine, rehuyen ser tocados por un Gobierno cuyo fin es fomentar la cultura cinematográfica europea y alimentar producciones nacionales afectadas de disentería en las taquillas. En ningún caso debería ser dejado el séptimo arte en manos del libre mercado, pese a que su base productiva sea económica. Todo Gobierno que pretenda apoyar el enriquecimiento cultural de sus ciudadanos debería proteger la riqueza cinematográfica, equilibrando el darwinismo que impone la industria.

Es una falacia (típica de todo déspota ilustrado) pretender argumentar que es el propio ciudadano el que libremente debe elegir qué ver en las salas, sin impedimentos proteccionistas. Primero deberíamos precisar si esa libertad es real, y no parte ya en su misma base de restricciones impuestas por aquellos que -talonario en mano- ahogan la cartelera con sus productos (muchos de ellos de dudosa factura). Aunque mantuviéramos la cuota de pantalla actual del cine americano, esto no aseguraría que llegaran a nuestras pantallas ni un diez por ciento de las buenas películas que ese país produce cada año. Por el contrario, nos venden un alto porcentaje de subproductos con los que atraer a los que hoy en día se consideran consumidores potenciales: los adolescentes.

En ningún caso una irracional libertad de mercado da mayores posibilidades a que el ciudadano se enriquezca culturalmente. Es como pretender que una mayor cantidad de menús en un restaurante hace al comensal apreciar cuáles poseen mayor cantidad de proteínas. Siguiendo la actual política cinematográfica tal sólo conseguiremos que el menú se reduzca a Coca-Cola y hamburguesas dobles con queso. La pluralidad cultural en el mercado de exhibición de películas es ficticia. Todo el mundo sabe que ha caído en una espiral inercial que requiere medidas políticas, es decir, equilibrio de intereses y protección de valores culturales universales más allá de la lógica del mercado.

Lo más difícil es lo más aceptable para una ley justa, es decir, equilibrar la defensa del cine como cultura (incluso prescindiendo de su nacionalidad) con la fatal realidad de que este medio audiovisual por mucho arte que sea es caro y requiere talento y riesgo por parte de productores y exhibidores. Ésta debería ser una exigencia de todo ciudadano que esté harto de que este valioso arte se vea empequeñecido por vendedores de baratijas con más hormonas que proteínas, y convencidos de que todos queremos ver lo mismo (lo que ellos nos im-ponen).

Datos y cifras de 2007

Cifras de recaudación por nacionalidades

Nos vemos en el cine (si nos dejan)…